Las estafas bancarias y los fraudes digitales no dejan de crecer. Phishing, suplantaciones de identidad, transferencias fraudulentas o engaños a través de llamadas y mensajes afectan cada año a miles de consumidores.
Para hacer frente a esta situación, algunas de las principales entidades financieras españolas han comenzado a compartir determinada información con el objetivo de detectar operaciones sospechosas y prevenir fraudes de forma más eficaz.
Cualquier iniciativa debe contribuir a mejorar la seguridad de los consumidores. Sin embargo, esta colaboración entre bancos también plantea preguntas importantes: ¿qué datos se comparten?, ¿con qué finalidad?, ¿quién controla estos sistemas? y ¿qué ocurre si se producen errores?
Más seguridad, pero también más transparencia
La cooperación entre entidades puede ayudar a detectar patrones de fraude que afectan a clientes de distintos bancos y permitir una reacción más rápida frente a las estafas.
Pero la lucha contra el fraude no puede justificar cualquier intercambio de información.
Los consumidores tienen derecho a conocer qué datos pueden ser compartidos, cuánto tiempo se conservan y qué mecanismos existen para corregir posibles errores.
La normativa de protección de datos exige que solo se utilice la información estrictamente necesaria para prevenir el fraude y que existan garantías suficientes para proteger los derechos de los usuarios.
La tecnología debe servir para proteger mejor a los consumidores
Uno de los aspectos más relevantes de esta iniciativa es que demuestra hasta qué punto las entidades financieras disponen hoy de herramientas avanzadas para detectar riesgos, analizar comportamientos sospechosos y actuar frente a posibles fraudes.
Precisamente por ello, desde ADICAE consideramos que estas mejoras tecnológicas deben traducirse también en una mayor protección para los consumidores.
Durante los últimos años, muchos afectados por fraudes digitales se han encontrado con que algunas entidades intentaban trasladarles la responsabilidad de lo ocurrido. Sin embargo, si los bancos cuentan con sistemas cada vez más sofisticados para prevenir riesgos, también deben actuar con la máxima diligencia cuando esos mecanismos no consiguen evitar una estafa.
Más tecnología debe significar más protección para los usuarios, no más dificultades para recuperar su dinero cuando son víctimas de un fraude.
Inteligencia artificial, control y derechos
La creciente utilización de inteligencia artificial y herramientas automatizadas para detectar operaciones sospechosas hace aún más importante la transparencia.
Los consumidores tienen derecho a saber cómo les afectan estos sistemas y a que ninguna decisión relevante se adopte de forma opaca o sin posibilidad de revisión.
La innovación tecnológica puede ser una gran aliada en la lucha contra el fraude, pero siempre debe desarrollarse respetando los derechos fundamentales de los usuarios.
La valoración de ADICAE Murcia
Desde ADICAE Murcia apoyamos las medidas que permitan reducir el fraude financiero y mejorar la seguridad de los consumidores.
No obstante, estas iniciativas deben aplicarse con criterios de transparencia, proporcionalidad y supervisión efectiva.
Los consumidores tienen derecho a conocer qué información se comparte sobre ellos y a disponer de mecanismos sencillos para ejercer sus derechos.
La seguridad financiera es una necesidad creciente en una sociedad digitalizada. Pero la protección frente al fraude no puede construirse a costa de la privacidad ni servir para reducir las responsabilidades de las entidades financieras.
Porque combatir el fraude es importante. Pero proteger los derechos de los consumidores también lo es.
