La inteligencia artificial multiplica los fraudes bancarios: los consumidores no pueden convertirse en los únicos responsables
La inteligencia artificial está transformando numerosos ámbitos de nuestra vida cotidiana. También está siendo utilizada por los ciberdelincuentes para perfeccionar las estafas financieras mediante clonación de voces, llamadas falsas de supuestos gestores bancarios, mensajes hiperpersonalizados y nuevas técnicas de ingeniería social cada vez más difíciles de detectar.
Ante esta realidad, desde ADICAE Murcia consideramos necesario abrir un debate que va más allá de la prevención individual: ¿puede seguir responsabilizándose al consumidor cuando los fraudes son cada vez más sofisticados y difíciles de identificar?
Un problema en constante crecimiento
Los datos muestran que el fraude financiero se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los consumidores. Según recoge la guía sobre Fraudes en Medios de Pago elaborada por ADICAE Murcia, las reclamaciones por operaciones fraudulentas ante el Banco de España pasaron de unas 900 en 2019 a más de 10.300 en 2022, convirtiéndose en uno de los principales motivos de reclamación financiera.
Detrás de estas cifras se encuentran miles de personas que han visto desaparecer sus ahorros a través de transferencias no autorizadas, pagos fraudulentos o accesos ilícitos a sus cuentas bancarias. Además, la ciberdelincidencia continúa creciendo en la Región de Murcia, donde cada año se registran miles de infracciones relacionadas con fraudes digitales y delitos tecnológicos.
La novedad es que la inteligencia artificial está elevando el nivel de sofisticación de estas estafas. Los consumidores ya no se enfrentan únicamente a correos electrónicos sospechosos o mensajes mal redactados, sino a fraudes capaces de reproducir voces, personalizar comunicaciones y generar una falsa apariencia de legitimidad.
La víctima no puede ser considerada culpable por defecto
Desde ADICAE llevamos años denunciando una práctica habitual de muchas entidades financieras: atribuir automáticamente la responsabilidad al cliente cuando se produce una operación fraudulenta.
Sin embargo, la normativa de servicios de pago es clara. Corresponde a la entidad financiera demostrar que existió fraude o negligencia grave por parte del consumidor para poder negarse a devolver el dinero sustraído. La carga de la prueba no debe recaer sobre la víctima.
Resulta especialmente preocupante que, en un contexto donde los delincuentes utilizan tecnologías cada vez más avanzadas, algunos bancos continúen utilizando como argumento principal que el usuario facilitó un código o interactuó con una comunicación fraudulenta.
Ser víctima de una estafa sofisticada no equivale automáticamente a actuar con negligencia grave. Del mismo modo, la utilización de sistemas de autenticación reforzada no puede convertirse en una presunción automática de responsabilidad del usuario cuando existen indicios de manipulación, ingeniería social o fraude altamente sofisticado.
Los tribunales refuerzan los derechos de los consumidores
La evolución de la jurisprudencia está consolidando una mayor protección para los usuarios financieros.
Las resoluciones judiciales más recientes recuerdan que las entidades financieras tienen la obligación de disponer de sistemas eficaces para detectar operaciones sospechosas y prevenir fraudes, especialmente cuando se producen movimientos inusuales o incompatibles con los hábitos habituales del cliente.
Cada vez son más los tribunales que consideran insuficiente que la entidad se limite a alegar que la operación fue correctamente autenticada. La seguridad no puede consistir únicamente en verificar un código; también exige supervisar y reaccionar ante comportamientos claramente anómalos.
La banca también debe adaptarse a los nuevos riesgos
La aparición de fraudes impulsados por inteligencia artificial obliga a reforzar las medidas de protección existentes.
Desde ADICAE Murcia consideramos que no es suficiente trasladar toda la responsabilidad al consumidor mediante recomendaciones genéricas de precaución. Las entidades financieras deben invertir en sistemas avanzados de detección de fraude, mejorar sus protocolos de seguridad y actuar con mayor rapidez ante operaciones sospechosas.
Las entidades financieras disponen de enormes capacidades tecnológicas para analizar patrones de riesgo, detectar operaciones inusuales y bloquear movimientos sospechosos en tiempo real. Resulta difícil justificar que estas herramientas se utilicen para fines comerciales y no con la misma intensidad para prevenir fraudes y proteger a los consumidores.
La digitalización de los servicios financieros debe ir acompañada de una protección efectiva de los usuarios. No puede utilizarse la tecnología para reducir costes mientras los riesgos derivados del fraude recaen exclusivamente sobre los consumidores.
Una reivindicación pendiente
La creciente complejidad de los fraudes vuelve a poner de manifiesto la necesidad de contar con mecanismos eficaces de protección para los usuarios financieros.
Por ello, ADICAE continúa reclamando la puesta en marcha efectiva de la Autoridad Independiente de Defensa del Cliente Financiero, un organismo que permitiría resolver reclamaciones de forma más ágil y eficaz, evitando que miles de consumidores tengan que acudir a los tribunales para recuperar su dinero.
La inteligencia artificial ha cambiado la forma de cometer fraudes. La protección de los consumidores también debe evolucionar al mismo ritmo.
Porque la lucha contra el fraude no puede recaer únicamente sobre las víctimas. La protección de los consumidores exige que quienes gestionan los sistemas de pago asuman también las responsabilidades derivadas de los riesgos tecnológicos que acompañan a la digitalización financiera.
